II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Organizaciones sindicales. Acuerdo

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. 

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El Gobierno de España y las Organizaciones Sindicales firmantes del presente acuerdo quieren poner de manifiesto su reconocimiento a la labor del personal al servicio de las Administraciones Públicas, su compromiso con los valores del servicio público, y el esfuerzo colectivo que han realizado para contribuir a la mejora de la situación económica de nuestro país.

La mejora de la situación económica y presupuestaria y el reconocimiento de la aportación que ha supuesto el trabajo de los empleados y empleadas al servicio de las Administraciones Públicas para haber alcanzado esta situación, conducen a un escenario en el que se articula un acuerdo de carácter global y plurianual, que recoge medidas en materias de mejora del empleo público, de condiciones laborales, y mejoras retributivas, y de reposición e impulso de la negociación colectiva en el ámbito de cada Administración con competencias en los servicios públicos.

Un acuerdo para el personal al servicio del sector público, que ha de tener un impacto económico acorde con la situación actual, de modo que la mejora en el empleo y de sus condiciones de trabajo y su poder adquisitivo sea compatible tanto con la situación económica del país, ligada al crecimiento económico, como con el marco del principio de estabilidad presupuestaria.

Un acuerdo general en el que se incorpora al conjunto del sector público al proceso de reducción de la temporalidad hasta un máximo del 8% y que sienta las bases para impulsar el diálogo social en el mismo, superando el marco derivado de la crisis económica, y mejorando las condiciones de trabajo en el empleo público.

Las partes consideran que la situación actual aconseja articular los aspectos retributivos en un marco temporal más adecuado, para dotar de estabilidad, certidumbre y seguridad en esta materia a las Administraciones Públicas y al personal a su servicio.

La mejora de las condiciones de trabajo del personal funcionario, laboral, estatutario, docente y al servicio de la Administración de Justicia, redundará de manera directa en un incremento de la calidad de la prestación de los servicios públicos que reciben la ciudadanía.

Teniendo en cuenta estas premisas, este Acuerdo en materia retributiva se plantea con un horizonte temporal a tres años, de modo que las previsiones contenidas en el mismo se incluirían en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. La parte variable de las previsiones sobre incrementos salariales se liga a lo largo de los tres ejercicios de referencia, 2018, 2019 y 2020 al crecimiento de la economía española y, en el caso del tercer y último ejercicio, también al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por otra parte, la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 vino precedida de la firma de un Acuerdo de fecha 29 de marzo de 2017, para la mejora del empleo público, que ha servido para reforzar notablemente la situación en esta materia.

En este sentido, se acordó incrementar la tasa de reposición con el fin de incorporar nuevos efectivos, así como la puesta en marcha de un proceso de estabilización del empleo temporal, que permitiera mejorar la ordenación de los efectivos de las Administraciones Públicas y sobre todo dotar de estabilidad profesional a quienes participan en la prestación de los servicios públicos.

El citado Acuerdo preveía expresamente la creación de diferentes grupos de trabajo e instancias de negociación para trabajar conjuntamente en las materias derivadas del mismo.

Las partes aquí representadas comparten la necesidad de continuar con la senda iniciada en el Acuerdo antes citado, profundizando tanto en lo relativo a la previsión del incremento en los efectivos de nuevo ingreso, como en lo que se refiere a los procesos de estabilización, ampliando y universalizando el ámbito de los mismos, y añadiendo además otras materias de gran importancia para los derechos de los empleados públicos.

En lo que afecta a la Oferta de Empleo Público en 2018, las partes consideran preciso el incremento de la tasa de reposición de efectivos hasta el 100 %, siempre que se cumplan determinados objetivos de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad financiera. Se proponen además tasas adicionales para reforzar la prestación de servicios públicos o dar respuesta a los incrementos de población en determinadas Administraciones públicas.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Policías Autonómicas y locales contarán con una tasa de reposición del 115 %.

Se considera igualmente necesario tratar otros aspectos de las condiciones de trabajo del empleo público, como son los relativos a la jornada del personal al servicio de las Administraciones, la lucha contra el absentismo, el régimen retributivo durante las situaciones de incapacidad temporal y la profundización en medidas de conciliación de la vida personal y familiar. Todas estas materias podrán ser objeto de negociación en sus ámbitos respectivos, incluido el sector público de las distintas Administraciones Públicas.

Asimismo, las partes firmantes comparten la necesidad de proceder a un estudio en profundidad para la actualización y desarrollo de los contenidos del Estatuto Básico del Empleado Público.

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